En la actualidad, la contratación pública ha dejado de ser una cuestión únicamente centrada en la fase de adjudicación. Hoy en día, las administraciones públicas tienen un rol clave como agentes del cambio social/ambiental: los contratos públicos se han convertido en una herramienta para promover objetivos sociales, ambientales e innovadores. Es aquí donde entran en juego las condiciones especiales de ejecución (CEE).
Pero ¿Qué son exactamente estas condiciones especiales de ejecución? En términos sencillos, son requisitos adicionales que las administraciones públicas pueden imponer a los adjudicatarios de los contratos durante la ejecución del contrato. Estas condiciones permiten a las administraciones no solo asegurar el cumplimiento de lo pactado, sino también para cumplir objetivos de interés público más amplios, como la protección del medio ambiente, la igualdad de oportunidades o el fomento de la innovación. La idea es clara: aprovechar cada contrato público para generar un impacto positivo, más allá del simple suministro de bienes o servicios.
Un aspecto importante de las CEE es que se aplican durante la ejecución del contrato, no influyen directamente en la adjudicación. Es decir, no se trata de un criterio para elegir al ganador de la licitación, pero sí son exigencias que se deben cumplir una vez iniciado el contrato.
Marco normativo de las CEE
En el marco normativo, las condiciones especiales de ejecución (CEE) están respaldadas tanto por la legislación española como por la europea.
La Directiva 2014/24/UE fue la norma pionera que preveía la posibilidad de incluir CEE, pero con la premisa de que sean proporcionadas, no discriminatorias y relacionadas con el objeto del contrato. Esto significa que deben ser razonables y no crear barreras injustificadas para las empresas que participan en la licitación.
En España, la trasposición de esta directiva se hizo a través de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP). La LCSP define en su artículo 202 la posibilidad de que los Poderes Adjudicadores puedan incluir estas condiciones siempre que estén ligadas a la ejecución del contrato, vinculadas al objeto del contrato y no sean discriminatorias.
Estas condiciones deben estar alineadas con políticas públicas y pueden incluir aspectos tan variados como la inserción social, la igualdad de género, la sostenibilidad medioambiental o la innovación, fomentando así la inclusión de estos criterios en la contratación pública.
¿Qué tipos de condiciones especiales se pueden incluir?
Las condiciones especiales de ejecución permiten a las administraciones ser más estratégicas y responsables en cómo invierten el dinero público. A continuación, algunos ejemplos comunes de CEE que ya se aplican en España y la UE:
👥 Condiciones sociales: un claro ejemplo es la exigencia de contratar a personas en riesgo de exclusión social, como parados de larga duración o personas con discapacidad. Esto permite que los contratos públicos también sirvan para mejorar la cohesión social.
🌍 Condiciones medioambientales: aquí encontramos requisitos como el uso de materiales reciclados, la reducción de emisiones de CO2 o la gestión adecuada de residuos. Un buen ejemplo sería un contrato de suministros exige que en la fabricación de los productos objeto del contrato no se hayan empleado sustancias tóxicas para el medio ambiente.
💼Condiciones laborales: otro aspecto clave es garantizar que las empresas contratistas respeten las condiciones laborales dignas, desde el cumplimiento de convenios colectivos hasta asegurar la formación y seguridad de sus trabajadores.
💡Innovación: en contratos más tecnológicos o de servicios avanzados, se pueden incluir condiciones que fomenten la innovación, como el uso de nuevas tecnologías o procesos más eficientes.
Una vez que se incluyen las condiciones especiales de ejecución en un contrato, surge una pregunta importante: ¿Cómo se asegura su cumplimiento? La LCSP establece varios mecanismos para ello. Las administraciones pueden llevar a cabo inspecciones periódicas durante la ejecución del contrato o, en algunos casos, exigir auditorías externas. Además, si las empresas no cumplen con las condiciones pactadas, pueden enfrentarse a sanciones económicas o incluso a la resolución del contrato.
Retos y oportunidades
Aunque las condiciones especiales de ejecución ofrecen muchas oportunidades, también presentan ciertos retos. Un desafío clave es garantizar el equilibrio entre la ambición de las CEE y la capacidad real de las empresas para cumplirlas, sin que esto se convierta en una barrera de entrada para pequeños operadores económicos. Además, el control efectivo de estas condiciones puede ser complicado en contratos grandes y complejos, donde se requiere un control más riguroso.
Sin embargo, los beneficios de las CEE son innegables. Permiten que cada euro de dinero público invertido en un contrato se traduzca en algo más que una simple transacción comercial. Las CEE impulsan mejoras sociales, medioambientales y de innovación que, de otro modo, no se producirían tan rápidamente.
Las condiciones especiales de ejecución han llegado para quedarse y juegan un papel fundamental en la transformación de la contratación pública en España y la Unión Europea. Son una herramienta poderosa que permite a las administraciones públicas utilizar sus contratos para generar un impacto positivo en la sociedad, fomentar la sostenibilidad medioambiental e impulsar la innovación.
Para quienes trabajamos en el ámbito de la contratación pública, es crucial entender cómo se estructuran y aplican estas condiciones, y asesorar adecuadamente tanto a las administraciones como a las empresas para que las CEE se implementen de forma justa, proporcional y efectiva. Es esencial encontrar el equilibrio adecuado entre el cumplimiento de estos requisitos y la capacidad de las empresas para ajustarse a ellos sin comprometer su viabilidad. Al final, se trata de aprovechar el potencial de los contratos públicos para construir un futuro más justo y sostenible.
Datos sobre el autor: 
LAURA ARDILA
Tender Management
