La inmensa mayoría del personal público es profesional, rigurosa y honesta. Pero los escándalos de corrupción que salpican la contratación pública no son meros incidentes aislados. No son excepciones: son síntomas.
La pregunta es inevitable: ¿puede un sistema de contratación pública como el actual resistir las tentaciones de la corrupción?
📌 Por un lado, existen procedimientos excesivamente abiertos a la discrecionalidad técnica, que otorgan un margen decisorio difícil de fiscalizar.
📌 Por otro, persisten prácticas empresariales anticompetitivas, con pactos de reparto de mercado y licitaciones amañadas, como reiteradamente ha denunciado la CNMC.
Estos dos vectores no son en sí mismos actos corruptos, pero son la puerta de entrada. Y el verdadero problema es que están amparados por estructuras legales mal diseñadas.
Desde mi punto de vista, urge intervenir en dos frentes:
1. Limitar la puntuación subjetiva al mínimo necesario:
-Reducir los criterios evaluables mediante juicio de valor al 15% del total, salvo justificación detallada.
-Cuando sea necesario superarlo (por ejemplo, en proyectos), exigir baremos objetivos, criterios parametrizados y motivaciones claras.
-Eliminar escalas genéricas (“suficiente”, “notable”, etc.) y definir con precisión qué se valora y por qué.
2. Sancionar sin ambages las prácticas colusorias:
-Formar a los órganos de contratación para detectar e informar adecuadamente a la CNMC.
-Aplicar de forma firme el artículo 71.1 b) de la LCSP en caso de resolución sancionadora firme.
-Prohibir el “self-cleaning” en casos de colusión grave: quien falsea la competencia debe quedar fuera del mercado público el tiempo necesario para comprender las consecuencias.
Como advertía el profesor García de Enterría, citando al jurista suizo Hans Huber:
“La discrecionalidad técnica es el verdadero caballo de Troya del Derecho Administrativo en el Estado de Derecho, por donde toda la estructura de éste podría derrumbarse.”
Y es que los corruptos, siempre disfrazados de formalidad, intentan entrar por esa grieta.
Por eso, si de verdad queremos proteger nuestra contratación pública —y con ella, el interés general— no basta con castigar a los culpables. Hay que rediseñar las reglas que lo permiten.
¿Estamos dispuestos a revisar lo que no funciona? ¿O seguiremos confiando en que “todo va bien”, mientras el sistema se agrieta por dentro?
Datos sobre el
autor: JOSÉ MARÍA MATEOS
Responsable de Contratación Pública y Regulación Sanitaria
