Parece increíble, pero sí. Un órgano de contratación ha decidido, ocho meses después de haber adjudicado un contrato y habiéndolo remitido al adjudicatario para su firma, no formalizarlo.
🔍El caso
El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) licitó un contrato financiado con fondos europeos, lo adjudicó, requirió la documentación a la empresa adjudicataria, y todo parecía seguir su curso normal. Hasta que, ocho meses después, decidió que ya no era «conveniente» continuar con el contrato. ¿Las razones? Según INCIBE, se habían implementado otras medidas y ya no era prioritario.
La resolución del TACRC 119/2025 avala la decisión del órgano de contratación, amparándose en el artículo 152 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), que permite a la Administración renunciar a la formalización de un contrato en cualquier momento antes de su firma.
¿Por qué cada vez hay menos interés en las licitaciones?
La respuesta la encontramos en casos como este que desincentivan gravemente la participación de empresas en licitaciones públicas. Las empresas no pueden permitirse invertir meses de esfuerzo, recursos y planificación para que, al final del proceso, la Administración simplemente decida que ya no necesita el contrato. Esto genera un riesgo inaceptable, especialmente para pymes y empresas especializadas, que no tienen la capacidad financiera para soportar este tipo de incertidumbres.
Si la Administración busca atraer a los mejores licitadores y mejorar la calidad de los servicios públicos, necesita ofrecer seguridad y previsibilidad en los contratos. Sin embargo, con este tipo de decisiones:
🔴 Las empresas más competitivas pueden optar por no participar en licitaciones públicas debido a la falta de garantías que reciben por parte de la Administración.
🔴 Se reducen las opciones para la Administración, disminuyendo la concurrencia y la calidad de los servicios adjudicados.
💡Una oportunidad clave para reflexionar y contribuir al debate sobre el futuro de la contratación pública. ¿Hacia dónde debería evolucionar el sistema para garantizar mayor seguridad jurídica, transparencia y eficiencia?
Datos sobre el
autor: JOSÉ MARÍA MATEOS
Responsable de Contratación Pública y Regulación Sanitaria
