IMPLANTACIÓN NORMAS ISO Y ETIQUETAS PARA LA CONTRATACIÓN

La nueva Ley de Contratos del Sector Público ha introducido cuestiones de estrategia y política social en la contratación pública, destacando las incorporaciones de las cláusulas cualitativas y las cláusulas sociales. Con ellas se pretende encauzar la compra pública para que sirva a fines como asegurar la transparencia, la integridad, el cumplimiento del Derecho, la protección del medioambiente o las políticas de inclusión social.

Respecto a los licitadores, estas novedades inciden en la acreditación de la solvencia y la presentación de la oferta. Así, los poderes adjudicadores pueden requerir o valorar la existencia de programas y sistemas evaluables y certificables de cumplimiento normativo o Compliance, construidos e implantados bajo estándares nacionales e internacionales (ISO 19600 y UNE 19601), la existencia de sistemas y reglas que impidan los pagos de facilitación o las conductas tendentes al soborno (ISO 37001), la protección de los derechos de los trabajadores y calidad del empleo (ISO 45001), etc..

Todas estas nuevas exigencias podrán ser probadas por los licitadores mediante certificaciones y acreditaciones realizadas por un tercero independiente y de reconocido prestigio que garantice el respeto a los elementos relacionados con Compliance y las obligaciones legales, medioambientales y sociolaborales (“cláusulas sociales”) que se hayan introducido en las cláusulas administrativas particulares y en los pliegos técnicos, que pueden llegar a ser condición obligatoria en ejecución del contrato.

Dichas certificaciones o elementos de prueba, de ahora en adelante, serán conocidas como ‘Etiquetas’ (artículo 127 de la LCSP).

El proceso de la compra pública está enfocado hacia la búsqueda de la mejor relación calidad-precio. Esta búsqueda implica, necesariamente, la existencia de un proceso selectivo en el que se debe aplicar un doble filtro: por un lado, en cuanto a la selección de los participantes (licitadores) y, por otro, en cuanto a la elección de la mejor de las ofertas presentadas.

i. Las etiquetas en la Ley 9/2017

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ha incorporado y dado carta de naturaleza a la integridad y a la transparencia como nuevos principios fundamentales de la contratación pública. El reforzamiento de estos principios se pone, además, en relación como elementos necesarios con la consecución del logro de la mejor relación calidad-precio en la compra pública.

Para facilitar esa labor, y reforzar la transparencia y objetividad del órgano de contratación, la nueva Ley ha incorporado en su articulado múltiples referencias al uso de normas técnicas (normalización) y certificaciones por entidades acreditadas, que podrán ser utilizadas para definir tanto los criterios de adjudicación, como los elementos de solvencia o las condiciones especiales de ejecución del contrato.

La Ley define como “cualquier documento, certificado o acreditación que confirme que las obras, productos, servicios, procesos o procedimientos de que se trata cumplen determinados requisitos”.